Aterrados y escondidos se encuentran los migrantes indocumentados que viven en Puerto Rico, cuya salud mental se está deteriorando tras meses de continuas redadas por la política de deportaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Cada vez hay más personas buscando ayuda psicológica para sobrellevar esta presión y ya se han reportado varios casos de intentos de suicidio, según comentaron miembros de las comunidades dominicana y haitiana en San Juan.
«Muchas personas, amigos, también familiares, incluso yo también estoy afectado (psicológicamente) por el tema de la deportación», relata visiblemente angustiado el dominicano Gerard Hernández desde la Plaza Antonio R. Barceló de Barrio Obrero, el epicentro de la comunidad inmigrante.
A sus 41 años, Hernández llegó a Puerto Rico desde la vecina isla de República Dominicana en 2018, durante la primera legislatura de Trump, y asegura que está «bien asustado» porque «nunca había vivido una situación como esta».
Entre el 1 de enero y el 7 de junio de este año, agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a 568 inmigrantes sin estatus migratorio definido en Puerto Rico, de los cuales 421 fueron dominicanos.
Dos de ellos eran familiares de Hernández, quien cuenta con tristeza como a su primo lo fueron a buscar a su casa a finales de enero y a su cuñado lo detuvieron durante la Semana Santa y lo deportaron a Santo Domingo.
‘Ningún ser humano es ilegal’ esgrime un cartel que cuelga de una ventana en una de las calles aledañas a la Plaza Barceló, donde desde principios de año ha descendido el número de viandantes y muchos negocios están cerrados por el miedo de los comerciantes indocumentados a ser detenidos.
El miedo se incrementó después de que se confirmara el pasado junio que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) de Puerto Rico entregó al ICE los datos de inmigrantes sin estatus en regla pero si licencia de conducción.
Para Prophil, quien además se encarga de distribuir comida y brindar ayuda a los migrantes de su país, filtrar estos datos a las autoridades federales es «una traición» por parte del Gobierno de Puerto Rico, que -por su parte- argumenta que, como Estado Libre Asociado a EE.UU., tiene que cumplir la ley.
En opinión del dominicano Hernández, la gobernadora Jenniffer González «lamentablemente se excedió» porque (antes de entregar información de la comunidad migrante) «debería haber esperado una orden judicial porque es una información privada».
Todo esto ocurre en una isla con un alto índice de problemas mentales. Un informe del Departamento de Salud de Puerto Rico reveló que 5 de cada 10 habitantes de la isla enfrenta trastornos emocionales como depresión o ansiedad, una prevalencia que supera la de EE.UU.